Publicado por: Editorial
La estrechez del margen electoral en los últimos comicios nos ha mostrado que seguimos siendo una sociedad dividida en dos partes iguales, pero, además, con un alto grado de pugnacidad entre ellas, alimentada permanentemente por discursos desafiantes que han capturado el debate público y lo han reducido a una confrontación estéril, con poco significado y mucho riesgo, entre bloques hasta ahora irreconciliables.
De esto se ha derivado una consecuencia totalmente indeseable, que estuvo presente en la administración Petro, y es que los gobiernos tiendan a concentrar sus inversiones, sus obras y su atención en los territorios que les son electoralmente afectos, mientras abandonan casi por completo a las regiones que no comulgan con su ideología, lo cual constituye una forma de discriminación institucional moralmente inaceptable, en tanto contradice los principios más elementales de la administración pública y siembra divisiones que perduran por generaciones.
Hoy es necesario hacer un llamado a la responsabilidad compartida, porque los desafíos que tenemos por delante son demasiado grandes como para subordinarlos a los caprichos de la confrontación partidista. Los retos que Colombia tiene al frente, en el corto, mediano y largo plazo, no pueden resolverse con soluciones parciales o diseñadas desde una sola orilla ideológica, sino que, por el contrario, exigen el concurso de todos los sectores productivos, de todas las fuerzas políticas y de todas las expresiones sociales, en un esfuerzo colectivo que trascienda toda discrepancia.
Ese trabajo en equipo, además, es una exigencia que se desprende del propio espíritu constitucional, que concibe a la Nación como una comunidad en la que todos los ciudadanos tienen igual derecho al desarrollo y al bienestar, y es por eso que ordena la distribución equitativa de los recursos y la atención prioritaria a las zonas más rezagadas. Ignorar este mandato, como ha ocurrido en los últimos años, es una torpeza administrativa y una vulneración deliberada del orden jurídico que nos rige.
Pero, más allá de la disposición legal, existe un rasero moral ineludible para quien ejerce el gobierno y el poder, que le exige obrar con rectitud, imparcialidad y sentido de la justicia distributiva. Gobernar con parcialidad es traicionar la confianza depositada por los electores y es anteponer los intereses partidistas al bien común, una costumbre tan vieja como inaceptable de la clase política colombiana que ha llevado a la deslegitimación del sistema democrático en su conjunto.
El bien común, entendido como el desarrollo integral y armónico de todas las regiones y de todos los grupos sociales, debe ser la brújula legal y ética que oriente cada política pública y cada asignación presupuestal. Ese concepto se traduce en carreteras que conectan pueblos olvidados, en hospitales que atienden a poblaciones relegadas y en escuelas que forman a niños de todas las provincias.
