Publicado por: Editorial
La seguridad en los entornos escolares de Bucaramanga ha llegado a un punto crítico que exige una intervención decidida y sin dilaciones, dado que perjudica a niños y jóvenes en uno de los espacios que debería ser el más protegido. Esta es una situación que las autoridades de Policía, las alcaldías del área metropolitana de Bucaramanga, las directivas educativas, los padres de familia y los propios estudiantes tienen la obligación de enfrentar con la seriedad que merece, reconociendo que el problema es una amenaza colectiva.
Las acciones deben enfocarse en las raíces del problema porque, si bien la existencia de un decreto que restringe el consumo y la comercialización de sustancias psicoactivas en un radio de 60 metros alrededor de las instituciones educativas es un avance normativo, su eficacia es corta cuando la realidad muestra un panorama como el que ahora vemos.
La responsabilidad de la Policía Metropolitana es primordial, por ejemplo, pues a ella le corresponde romper las redes de distribución y venta de estupefacientes que han encontrado en los alrededores de los colegios un mercado nutrido y cautivo.
Pero, más que esto, se requiere una inteligencia policial que desarticule las estructuras criminales que se aprovechan de la inocencia y curiosidad de los jóvenes, pero, además, la detención de los responsables y la construcción de casos sólidos para la justicia son pasos indispensables para enviar un mensaje claro de que estos territorios no son zonas para el delito. La tolerancia cero con el microtráfico en entornos escolares es, ni más ni menos, una obligación constitucional y ética de quienes tienen a su cargo la seguridad ciudadana.
Los colegios, por su parte, deben enseñar a los jóvenes a discernir y tomar decisiones acertadas en la vida diaria y, para ello, la formación de criterio, la orientación psicológica y los programas de prevención frente a la droga deben ser componentes del pénsum escolar. Aun así, el hogar sigue siendo el más importante espacio de formación, y a los padres les atañe una responsabilidad que no pueden delegar por completo en la escuela, pues deben estar atentos a cualquier señal de alerta, porque la vigilancia desde la distancia no basta cuando el peligro acecha en la esquina del colegio.
Estamos hablando de un problema cuya gravedad no radica solo en el riesgo de la adicción, sino en la estrecha relación que el tráfico de drogas tiene con el desarrollo de actividades delincuenciales de alta peligrosidad. Los entornos donde se comercializan estupefacientes suelen ser lugares propicios para otros delitos, como el hurto, la violencia y el reclutamiento de menores para actividades ilícitas de muchos tipos, todo lo cual convierte a los alrededores de los colegios en zonas de alto riesgo, donde los estudiantes no solo son potenciales consumidores, sino también posibles víctimas de la criminalidad organizada.
Las alcaldías y la Policía tienen la posibilidad y el deber de actuar de manera sostenida para desplegar los controles permanentes y las campañas de prevención que la situación e incluso la justicia les reclama, entre otras cosas, porque los estudiantes no son sujetos pasivos de un riesgo de esta magnitud, sino que deben ser asumidos como protagonistas de la realidad de su propio entorno.
En cualquier caso, es urgente e imprescindible que se comience una labor dirigida a desarticular esta grave amenaza contra los niños y jóvenes de los colegios de la ciudad y, para ello, se requieren acciones concretas, de manera que, sobre todo, la seguridad en los entornos escolares deje de ser una prioridad secundaria y se convierta en un asunto de justicia social y de protección de los derechos fundamentales de niños y jóvenes.
La comunidad tiene el derecho y el deber de exigir entornos seguros, y las instituciones, la obligación de garantizarlos con todos los recursos a su alcance. No podemos tolerar el microtráfico en las inmediaciones de los colegios, ni mucho menos la presencia de sustancias psicoactivas dentro de los establecimientos educativos. En Bucaramanga, esto ya no es una simple sospecha, sino una alarma encendida y una realidad indiscutible que exige intervención inmediata. La droga penetró las aulas escolares y es urgente actuar para evitar que esta tragedia siga cobrando espacio e impunidad entre niños, niñas y adolescentes.
