Fui invitado a un Summit de Inclusión Financiera para mejoramientos, autoconstrucción, vivienda nueva rural y urbana, organizado por CCCS y BID Invest. Debatimos sobre subsidios, tasas de interés, garantías, fuentes de fondeo y herramientas para ampliar el acceso. Sin embargo, la reflexión más valiosa no surgió de una presentación, sino de una pregunta que me acompañó durante el viaje: ¿cuánto le cuesta a una sociedad administrar su propia desconfianza?
Frente a cada riesgo solemos responder con una nueva capa de control; adicionamos una garantía, certificación, supervisión, validación, un estudio. Cada uno, individualmente, tiene sentido y probablemente responde a experiencias que lo justifican. El problema aparece cuando nadie se detiene a evaluar el costo acumulado de todos esos mecanismos.
Pensaba, por ejemplo, en la construcción. Después del lamentable colapso del edificio Space, el país fortaleció los controles para evitar que una tragedia similar volviera a repetirse. Era una reacción necesaria. Pero también vale la pena formular una pregunta: ¿el costo permanente de las pólizas, supervisiones, interventorías y demás exigencias que hoy recaen sobre todos los proyectos guarda una proporción razonable con el riesgo que buscan mitigar? ¿En qué momento las primas colectivas superan el costo del riesgo colectivo materializable?
Esa misma inquietud apareció cuando escuchaba hablar de inclusión financiera. Buena parte del costo de un crédito no corresponde únicamente al dinero que presta una entidad financiera. También incorpora el costo de estudiar, verificar, garantizar, controlar y reducir la incertidumbre de cada operación. Y ese costo termina incorporado en la tasa que pagan todos los clientes.
Paradójicamente, quienes más sufren ese modelo son quienes menos oportunidades han tenido. Los hogares rurales, los trabajadores informales y quienes nunca han accedido al sistema financiero no quedan por fuera porque representen el mayor riesgo. Quedan por fuera porque el sistema dispone de muy poca información para comprenderlos y, ante esa incertidumbre, opta por exigir requisitos alejados de la realidad o, simplemente, negar el crédito. Con frecuencia, la experiencia demuestra que quienes más valoran el acceso al crédito terminan convirtiéndose en excelentes pagadores.
No pretendo afirmar que deban desaparecer los controles. Eso sería irresponsable. Lo que sí me pregunto es si estamos destinando demasiados recursos a “cubrir” el riesgo y muy pocos a entenderlo mejor. Tal vez ahí exista una oportunidad para innovar. Porque quizás la verdadera inclusión financiera no consista únicamente en encontrar más recursos para prestar, sino en descubrir formas más inteligentes y eficientes de administrar el riesgo. Si algún día logramos demostrar que comprender mejor cuesta menos que desconfiar sistemáticamente, el costo disminuirá, el acceso se multiplicará y podremos evolucionar de un sistema orientado al asistencialismo hacia uno verdaderamente orientado al acceso. Esa podría terminar siendo la mayor competitividad de la confianza.
