La descentralización del país fue uno de los pilares que sustentaron la adopción de la Constitución de 1991. Sin embargo, luego de 35 años de vigencia, no se ha avanzado satisfactoriamente conforme al espíritu allí trazado, por fallas administrativas, despilfarros, falta de recursos suficientes en los territorios y la concentración de la distribución de más del 75 % de los ingresos corrientes de la Nación desde el Gobierno central.
Con el fin de romper con el centralismo de Bogotá, el presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que tendrá sedes alternas en Barranquilla, Cali y Medellín para gobernar desde la provincia y conectar la administración nacional con los centros económicos y locales. También ha planteado que importantes entidades se establezcan en diferentes ciudades, atendiendo su especialidad y radio de acción. Estas determinaciones son saludables, pero insuficientes frente a las realidades que se viven en la provincia colombiana, si no se avanza en la reglamentación del progresivo aumento de transferencias a través del Sistema General de Participaciones, adoptado por medio del Acto Legislativo 03 de 2024.
Esta norma, con rango constitucional, dispuso elevar gradualmente la participación de departamentos, distritos y municipios en los ingresos corrientes de la Nación hasta alcanzar el 39,5 % en 2038. No obstante, solo tendrá vigencia cuando se apruebe la denominada ley de competencias, que establezca, además, las responsabilidades que deberán asumir las regiones, el mecanismo de cierre de brechas entre los territorios y se delimiten responsabilidades en el pago de pasivos, vigencias futuras y otros compromisos que están en cabeza del Gobierno central.
El citado acto legislativo contempló que el 80 % de los ingresos adicionales que reciban los entes territoriales deben destinarse a educación, salud, agua potable y saneamiento básico, y que el 20 % restante se invierta con flexibilidad de uso local. Determinó que se debe atender un carácter redistributivo de los recursos con el objeto de que reciban más las comunidades con mayores necesidades y que su distribución no atienda únicamente el factor poblacional.
La descentralización se hace con dinero y sana administración. El establecimiento de sedes presidenciales alternas, más allá de su sana intención, puede convertirse en un experimento costoso e intrascendente si no se avanza en acciones que busquen la autonomía territorial. Convendría que el nuevo Gobierno impulsara y perfeccionara el Proyecto de Ley 502 de 2025 Cámara, ley de competencias, en procura de un razonable equilibrio entre el traslado de fondos y las responsabilidades que deben asumir las regiones durante la transición. Del fortalecimiento de los fiscos locales dependerá, en gran medida, que la promesa de descentralización supere el gesto simbólico y se traduzca en una transformación efectiva del Estado.
