El fracking, o fracturamiento hidráulico, es una técnica de extracción de petróleo y gas que consiste en perforar pozos a gran profundidad e inyectar millones de litros de agua mezclada con arena y aditivos químicos a muy alta presión para fracturar formaciones rocosas y liberar hidrocarburos atrapados en ellas. Pero presentado durante años como una solución para aumentar las reservas energéticas, desde sus inicios ha estado rodeado de controversias ambientales y sociales en distintas partes del mundo.
Uno de los principales riesgos asociados al fracking es el impacto sobre los recursos hídricos. El proceso requiere enormes volúmenes de agua y genera aguas residuales contaminadas con sustancias químicas, sales, metales pesados e incluso materiales radiactivos presentes naturalmente en las formaciones geológicas. Diversos estudios y evaluaciones oficiales han concluido que, bajo determinadas circunstancias, las actividades asociadas al fracking pueden afectar fuentes de agua destinadas al consumo humano.
Sin embargo, los riesgos no terminan allí. La extracción mediante fracking también genera emisiones atmosféricas derivadas de la operación de maquinaria pesada, la quema de gas y las fugas durante la producción y el transporte. Asimismo, particular preocupación generan las emisiones de metano, un gas de efecto invernadero con un poder de calentamiento muy superior al del dióxido de carbono en el corto plazo. Estas fugas, paradójicamente, reducen o incluso anulan las supuestas ventajas climáticas que algunos defensores atribuyen al gas natural frente a otros combustibles fósiles.
Además de sus impactos directos, el fracking plantea una contradicción más amplia con los objetivos de mitigación del cambio climático. Mientras la comunidad científica insiste en la necesidad de reducir progresivamente la dependencia de los combustibles fósiles, esta técnica permite abrir nuevas fronteras de explotación de petróleo y gas durante décadas. En la práctica, apostar por el fracking implica extender la vida útil de una economía basada en hidrocarburos cuando la prioridad global debería ser acelerar la transición hacia fuentes de energía renovables y menos contaminantes.
En ese sentido, no es casualidad que varios países hayan decidido prohibir o restringir severamente esta práctica. Francia fue pionera al prohibir el fracking en 2011 por razones ambientales. Posteriormente se sumaron Bulgaria e Irlanda mediante prohibiciones legislativas, mientras que Alemania estableció una prohibición de facto para la explotación comercial de yacimientos no convencionales. España también prohibió el fracking en 2021 mediante su Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Estos casos muestran que, lejos de ser una tecnología universalmente aceptada, el fracturamiento hidráulico ha sido considerado por numerosos gobiernos como incompatible con sus compromisos ambientales y climáticos.
El fracking, dicho de otro modo, no es una actividad con la que se pueda obrar «responsablemente». Si países industrializados, con capacidades regulatorias, técnicas y de supervisión muy superiores a las de Colombia, concluyeron que ni siquiera bajo estrictos marcos de control estaban dispuestos a asumir sus riesgos ambientales y climáticos, resulta difícil sostener que el problema radica únicamente en la forma de hacerlo. La experiencia internacional sugiere algo distinto: que ciertos riesgos son inherentes a la propia técnica. Hablar de «fracking responsable» supone presentar como un problema de gestión lo que en realidad es un problema de naturaleza. No se trata de que algunos países no hayan sabido regularlo; se trata de que varios de ellos, tras estudiarlo, decidieron que el costo ambiental era demasiado alto.
Los riesgos del fracking no pertenecen al terreno de la especulación. En la región argentina de Vaca Muerta, uno de los mayores yacimientos de hidrocarburos no convencionales del mundo, un reciente reportaje de El País documentó cómo comunidades enteras conviven con montañas de residuos, olores penetrantes, problemas respiratorios y preocupación por la contaminación del suelo y el agua en medio de denuncias por el mal manejo de miles de metros cúbicos de residuos que, según expertos y organizaciones ambientales, contienen sustancias como benceno, plomo y arsénico (ver aquí).
Y cuando esos residuos desaparecen de la vista, los riesgos no desaparecen con ellos. En Oklahoma, Estados Unidos, la inyección subterránea de aguas residuales asociadas a la explotación de hidrocarburos no convencionales fue vinculada por organismos científicos a un aumento sin precedentes de la actividad sísmica (ver aquí). Los residuos del fracking no dejan de existir porque se entierren o se oculten. Y en un país sísmicamente activo como Colombia, con regiones como Santander asentadas sobre complejas fallas geológicas, esa realidad debería invitar a la prudencia antes que a los experimentos.
Quizás la mejor respuesta a quienes hablan de «fracking responsable» la ofrece el papa Francisco en su Laudato si’. ¿Qué clase de mundo queremos dejar a nuestros hijos y nietos? El debate sobre el fracking suele presentarse como una discusión técnica, económica o energética, pero en el fondo es una cuestión moral. Nadie desconoce que Colombia seguirá dependiendo durante algún tiempo de los hidrocarburos que hoy extrae por medios convencionales. La verdadera pregunta es si, en pleno siglo XXI y en medio de una crisis climática cada vez más evidente, debemos abrir nuevas fronteras de explotación mediante una técnica cuyos riesgos ambientales son ampliamente conocidos. Como lo recuerda Francisco, la Tierra no es una herencia que recibimos de nuestros padres; es un préstamo que recibimos de nuestros hijos.
