Publicado por: Editorial
Santander no es prioridad para el presidente Gustavo Petro. Su trato hacia la región, la cuarta economía del país, que representa 6,4 % del PIB nacional, ha sido abiertamente displicente. No es solo el rezago en inversión lo que preocupa. La precariedad de la infraestructura vial durante su gobierno y la falta de apoyo a proyectos estratégicos así lo ratifican. La cancelación de la licitación por $66.495 millones para la Variante de San Gil es apenas el ejemplo más reciente. Esta obra hoy es símbolo de ese incumplimiento. A este panorama se suma otro episodio que evidencia las contradicciones del mandatario de los colombianos y la politización de sus decisiones frente a Santander: los bloqueos que, desde hace seis días, generan un grave impacto en la dinámica económica regional y la movilidad de los ciudadanos.
Este lunes, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse a Santander, pero en lugar de tender puentes, profundizó divisiones y politizó aún más la crisis que se registra en los corredores viales de la región, en un comportamiento que dista de lo que se espera de quien ejerce la jefatura del Estado. Aunque Petro insiste en presentarse como defensor de la Constitución, sus actuaciones dicen lo contrario. Sus declaraciones, cargadas de amenazas y confrontación, son combustible para el caos que ya generan los bloqueos del llamado ‘Paro Nacional Catastral’, que tienen a Santander paralizado en al menos cinco corredores viales claves.
Aunque Petro insiste en presentarse como defensor de la Constitución, sus actuaciones dicen lo contrario. Sus declaraciones, cargadas de amenazas y confrontación, son combustible para el caos que ya generan los bloqueos del llamado ‘Paro Nacional Catastral’, que tienen a Santander paralizado en al menos cinco corredores viales claves.
Ayer en la tarde, mientras se desarrollaba una mesa entre los manifestantes y representantes del gobierno, Petro lanzó uno de sus acostumbrados mensajes en la red X que ‘incendian’ de incertidumbre al país. Para el presidente, la salida al problema es construir un nuevo acuerdo presupuestal con alcaldes y concejos para reducir la carga a propietarios urbanos y rurales de bajos ingresos, un trámite, para Petro, que tardaría solo 15 días. Sin embargo, su planteamiento llegó acompañado de una fuerte advertencia: “alcaldes que no presenten las iniciativas de acuerdo, alteran el orden público, salen de inmediato de su cargo por orden mía. El Gobernador de Santander queda advertido: su función no es engañar a su pueblo diciendo que el problema es de la nación”.
La respuesta fue inmediata. Desde la Gobernación le recordaron que su deber no es promover paros ni respaldar vías de hecho, y que el origen del problema está en la Resolución 2057 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que elevó de manera desproporcionada los avalúos catastrales en cerca de 500 municipios. Hay casos en los que predios pasaron de $200 millones a $2.600 millones, dejando a sus propietarios frente a cargas tributarias imposibles de asumir.
El desconocimiento del ordenamiento jurídico y de la división de poderes por parte del presidente Gustavo Petro alcanza niveles preocupantes cuando afirma que quienes no acaten sus decisiones o discrepen de ellas deberían abandonar sus cargos. Esa no es la democracia que proclama en escenarios nacionales e internacionales, ni el tipo de consenso que se requiere para enfrentar la actual crisis en Santander. Según estimaciones de la Alianza por Santander, los bloqueos dejan pérdidas diarias cercanas a $120.000 millones en la economía del departamento. Solo por citar un ejemplo, 32 vehículos cargados con aceite crudo de palma permanecen detenidos, con pérdidas que rondan los $12.000 millones, a lo que se suma el incremento en los precios de la canasta familiar por la falta de alimentos y las dificultades de movilidad hacia la principal terminal aérea del oriente del país.
Pero los voceros de la protesta, a su vez, tienen la misma obligación legal y moral de levantar toda clase de bloqueos y permitir el libre desplazamiento por todas las carreteras. En otras palabras, no hay término medio posible. O se respeta a todos o no se respetará a ninguno. Este periódico lo dice con la autoridad moral que le dan sus 106 años de historia: la libertad de unos termina donde empieza la libertad de los otros.
Por otro lado, seis días consecutivos de bloqueos en las vías empiezan a dejar de sentirse como una protesta y a parecer un cerco a la población. La dirigencia y la militancia de este paro deben comenzar a observar lo que la propia Constitución Nacional establece en el sentido de que los derechos de nadie pueden atropellar los de los demás, pues cuando se cierra una carretera no se está presionando solo al gobierno, se está hostigando a familias enteras que necesitan llegar a un hospital, a un trabajo o, simplemente, a su casa.
El daño causado a la ciudadanía y a toda la región es ya significativo, y negarlo sería un acto de injustificable obstinación. Los pasajeros del Aeropuerto Palonegro, incluidos niños y ancianos, tienen que caminar kilómetros bajo el sol o la lluvia para no perder sus vuelos; quienes requerían atención médica urgente en Bogotá vieron cómo sus esperanzas se estrellaban contra un muro humano de bloqueo, y eso no es digno de una causa justa.
Poco a poco, esta forma de presión empieza a desprestigiar el mismo movimiento. Lo que debía ser un reclamo contundente se vuelve, a los ojos de la ciudadanía, un acto de fuerza contra la comunidad, lo que hace que se debilite el apoyo popular, se erosione la legitimidad y se pierda la sintonía con la opinión general, porque una lucha puede tener toda la razón, pero si para imponerla hay que agredir a otros, entonces esa causa termina volviéndose contra sí misma.
Se generó una mesa de negociación unificada en Bogotá. Ese es el escenario correcto, el democrático, el civilizado. Allí pueden seguir tramitándose todas las exigencias del movimiento sin necesidad de seguir afectando a terceros. No hay excusa válida para mantener un solo minuto más los bloqueos cuando ya existe un espacio institucional de diálogo. Los dirigentes del paro deben acudir a esa mesa con sus posiciones firmes, pero con las vías completamente despejadas; de lo contrario, su conducta se parecerá demasiado a la de quienes quieren imponer la ley del más fuerte. El Gobierno Nacional tiene la obligación legal y moral de atender como se debe las reclamaciones de los negociadores del paro. No puede esconderse detrás de trámites interminables ni de silencios dilatorios.
Pero los voceros de la protesta, a su vez, tienen la misma obligación legal y moral de levantar toda clase de bloqueos y permitir el libre desplazamiento por todas las carreteras. En otras palabras, no hay término medio posible. O se respeta a todos o no se respetará a ninguno. Este periódico lo dice con la autoridad moral que le dan sus 106 años de historia: la libertad de unos termina donde empieza la libertad de los otros.
