Hay espectáculos que entretienen, otros que entristecen y algunos que terminan avergonzando a toda una sociedad. ¡Qué horror! Cada nueva revelación sobre las intrigas del poder parece abrir una ventana a ese mundo donde las ambiciones personales, intereses particulares y disputas por influencia amenazan con desplazar aquello que debería ser sagrado en una democracia la confianza de los ciudadanos. Lo inquietante no es únicamente lo que ocurre frente a las cámaras, sino lo que podría estarse negociando detrás de las cortinas, lejos de la mirada pública y bajo la protección de relaciones privilegiadas.
El poder tiene rostros visibles y protagonistas silenciosos. Unos ocupan los cargos, firman documentos y pronuncian discursos; otros, sin asumir responsabilidades públicas equivalentes, pueden aspirar a influir en decisiones, acercar aliados, desplazar contradictores o facilitar el acceso a determinados círculos. Allí aparece una pregunta incómoda ¿quién toma realmente las decisiones y bajo qué criterios? La cercanía personal con un gobernante no constituye, por sí misma, una irregularidad. El problema comienza cuando los vínculos privados pretenden sustituir los procedimientos institucionales, los méritos profesionales y la obligación de rendir cuentas.
Lord Acton alertó que el poder tiende a corromper y que el poder total corrompe de manera total. Su reflexión conserva vigencia porque ningún gobernante está inmunizado contra la vanidad, ni ningún entorno político está libre de oportunistas. La historia demuestra que las causas más nobles pueden convertirse en discursos vacíos cuando quienes las representan confunden el servicio público con una oportunidad de beneficio personal. No importa el partido, ideología ni el género de quien gobierna la ética pública exige los mismos límites para todos. Sin embargo, también exige rigor una denuncia debe investigarse, un indicio debe verificarse y ninguna persona puede ser condenada por rumores.
Lo preocupante ocurre cuando la ciudadanía comienza a considerar normales los escándalos, las explicaciones evasivas y las disputas por cuotas de poder. Mientras millones de personas trabajan, pagan impuestos y esperan respuestas a sus necesidades, las instituciones no pueden convertirse en escenarios de rivalidades privadas ni en mecanismos para premiar amistades. La salida no consiste en alimentar el linchamiento público, sino en fortalecer los controles, garantizar la independencia judicial, proteger el periodismo, transparentar las decisiones y exigir responsabilidades comprobables. También corresponde a los ciudadanos distinguir entre la crítica fundamentada y la descalificación interesada.
En lo político como privado, los cargos son pasajeros, las alianzas cambian y los círculos de confianza se desvanecen. Lo que permanece es la calidad de las decisiones y la huella que dejan sobre la democracia. ¡Qué horror! No solamente cuando alguien utiliza su cercanía al poder para intentar torcer el interés colectivo, sino cuando una sociedad termina aceptando esas prácticas como parte inevitable de la política. La grandeza de un gobernante no se mide por la cantidad de personas que esperan una palabra suya, sino por su capacidad de impedir que alguien, desde las sombras, pretenda gobernar sin mandato, sin controles y sin responder ante la ciudadanía.
