En Colombia parece que algunos descubrieron los problemas del país el pasado 7 de agosto. Bastaron apenas dos meses de nuevo gobierno para que quienes durante cuatro años justificaron escándalos, posibles hechos de corrupción, dificultades, incumplimientos y promesas sin concretar salieran a las calles a exigir soluciones inmediatas. Lo sorprendente no es que protesten, es legítimo y están en todo su derecho, sino la facilidad con la que olvidan las responsabilidades del gobierno que hasta hace poco defendían.
Las marchas de esta semana estuvieron llenas de contradicciones. Se reclamaron soluciones a problemas que vienen de años atrás, algunos generados y agravados durante la administración anterior. También se protestó contra disposiciones que no existen y que tampoco se han anunciado.
¿Dónde estaba esa misma indignación cuando Gustavo Petro tenía la responsabilidad de gobernar?, ¿Por qué lo que antes merecía paciencia y comprensión hoy exige respuestas inmediatas?, ¿Acaso los problemas de Colombia cambiaron el día que cambió el presidente?
Gustavo Petro volvió a las calles, esta vez como promotor de las movilizaciones contra el nuevo Gobierno. Es legítimo exigir soluciones a los problemas, pero también lo es preguntarle por qué no las resolvió cuando tenía el poder para hacerlo.
Sin embargo, entre todas las contradicciones de estas manifestaciones, hubo un episodio particularmente lamentable que debería preocuparnos mucho más allá de cualquier diferencia ideológica.
La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal entregó un micrófono a una niña de escasos cinco años, quien terminó pronunciando expresiones ofensivas contra el presidente de la República. Una escena que evidencia el bajo nivel de la confrontación política cuando los adultos permiten que los menores queden expuestos a ella. ¿Qué hacía una congresista facilitando semejante exposición de una menor en una manifestación política? ¿Dónde quedó su responsabilidad de protegerla?
El artículo 44 de la Constitución establece que los derechos de los niños prevalecen sobre los de los demás. Y esa protección no puede convertirse en un asunto de conveniencia política.
Por eso, las solicitudes de investigación ante las autoridades competentes merecen una respuesta inmediata. Corresponde establecer si existió alguna vulneración de derechos o una infracción a los deberes éticos de la congresista.
Resulta especialmente contradictorio que, mientras se invocan los derechos, la dignidad y el respeto, una niña termine convertida en protagonista de un episodio de insultos políticos.
La protesta es un derecho, pero no todo lo que ocurre en su nombre resulta plenamente justificado. Lo sucedido con Carrascal merece esclarecerse y, si se comprueba alguna infracción, debe tener consecuencias. Porque si quienes legislan no asumen seriamente el deber de proteger a los niños, ¿con qué autoridad pueden exigirles a los demás que respeten sus derechos?
