En 1995, el gobierno de los Estados Unidos implementó una de las herramientas más efectivas en la lucha contra el narcotráfico: la conocida Lista Clinton, hoy administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Su funcionamiento es sencillo. Quien ingresa a esa lista ve bloqueados sus activos bajo jurisdicción estadounidense y queda prácticamente aislado del sistema financiero internacional. No reemplaza un proceso penal. No dicta una condena. Pero produce una consecuencia inmediata que dificulta enormemente la operación financiera de quienes representan un riesgo para la sociedad.
Treinta años después, Colombia enfrenta un enemigo que destruye las instituciones con la misma capacidad que el narcotráfico: la corrupción.
Durante décadas hemos visto desfilar escándalo tras escándalo. Contratos direccionados, carteles de contratación, tráfico de influencias, burocracia utilizada como moneda de cambio, desfalcos multimillonarios y redes completas dedicadas a apropiarse del dinero público. Lo más frustrante no ha sido descubrir los hechos. Ha sido comprobar que, mientras avanzan lentamente los procesos judiciales, muchos de sus protagonistas continúan disfrutando del patrimonio obtenido mediante la corrupción.
Por eso celebro la decisión del presidente Abelardo de la Espriella de crear un bloque de búsqueda anticorrupción. Pero esa estrategia solo será verdaderamente efectiva si sus hallazgos producen consecuencias inmediatas.
Mi propuesta es sencilla: crear la Lista Abelardo.
Una herramienta administrativa que permita, con las garantías propias del debido proceso, imponer medidas cautelares sobre los activos y las operaciones financieras de quienes sean objeto de investigaciones por hechos de corrupción que comprometan el patrimonio público.
No se trata de reemplazar a los jueces. Tampoco de anticipar condenas. Se trata de impedir que quienes presuntamente han saqueado los recursos públicos continúen moviendo su patrimonio, ocultando activos, transfiriendo recursos a terceros o financiando nuevas estructuras de corrupción mientras la justicia adelanta sus investigaciones.
El dinero es el combustible de la corrupción. Cuando ese combustible desaparece, las organizaciones criminales comienzan a desmoronarse.
Naturalmente, una medida de esta naturaleza exige una enorme precisión jurídica. Debe proteger el debido proceso, garantizar mecanismos de revisión y evitar cualquier utilización política. Pero precisamente para eso elegimos a un presidente abogado experto en la materia, que ha prometido combatir a los bandidos con toda la fuerza del Estado, siempre en el marco de la Constitución y la ley.
Los corruptos no le tienen miedo a un titular de prensa, ni mucho menos a un proceso judicial, porque durante años han aprendido que con dinero casi todo se puede resolver. Pero ¿qué pasaría si ser corrupto significara perderlo todo? Es hora de hacer que la corrupción deje de ser un negocio rentable y que, por primera vez, el mayor temor de los corruptos no sea la justicia, sino las consecuencias.
