A menos de tres semanas de la segunda vuelta presidencial, Colombia enfrenta un desafío que va mucho más allá de escoger entre dos candidatos. Lo que está en juego no es únicamente quién ocupará la Casa de Nariño durante los próximos cuatro años, sino la capacidad que tengamos como sociedad para tomar decisiones desde la razón y no exclusivamente desde las emociones.
Las emociones parecen haber tomado el control del debate público. El miedo se ha convertido en el combustible de la campaña.
Desde una orilla se insiste en que un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella arrasará con las conquistas ambientales, despedirá masivamente a los servidores públicos y abrirá las puertas del poder a personajes oscuros y cuestionables. Desde la otra, se alimenta la idea de que la continuidad del proyecto político representado por Iván Cepeda conduciría a Colombia hacia un modelo comunista que destruiría la economía, las libertades y todo aquello que conocemos como sociedad democrática.
El miedo es una emoción poderosa, pero también una pésima consejera cuando se trata de tomar decisiones complejas. El miedo simplifica la realidad, convierte los matices en caricaturas y empuja a las personas a elegir entre extremos.
Por eso esta columna probablemente no les gustará a quienes desde cada orilla están convencidos de que habitan el lado correcto de la historia. Los fanatismos políticos suelen tener muy poca tolerancia con los matices, los grandes perdedores de esta campaña.
Durante años se habló de la necesidad de fortalecer un centro político capaz de tender puentes entre visiones distintas del país. Hoy ese espacio parece haberse evaporado bajo el peso de los odios acumulados.
Mientras más indignado esté un ciudadano, más probable es que participe, comparta contenidos y se convierta en activista digital de una causa.
La democracia, entre tanto, comienza a resentirse. No ayuda que desde el Gobierno se mantenga una narrativa permanente de sospecha sobre las elecciones. El presidente Gustavo Petro debería ser el principal garante de la institucionalidad democrática y uno de los mayores promotores de la serenidad ciudadana.
El Presidente tiene derecho a tener convicciones políticas, como cualquier ciudadano. Lo que no puede hacer es actuar como jefe de campaña cuando su responsabilidad constitucional es representar a todos los colombianos, incluyendo a quienes jamás han compartido sus ideas.
Hoy le corresponde gobernar para el conjunto de la nación y contribuir a que el proceso electoral transcurra en condiciones de confianza institucional.
Pero tampoco ayudan los candidatos que aspiran a gobernar el país y se niegan a participar en debates públicos. Resulta paradójico que quienes solicitan la confianza de millones de ciudadanos muchas veces no estén dispuestos a someterse al escrutinio abierto de periodistas, académicos o contradictores. Necesitamos que los candidatos expliquen sus propuestas económicas y sus visiones.
