El Concejo de Bucaramanga acaba de aprobar un crédito por más de 538 mil millones de pesos, con un plazo de 10 años y cuyo costo con intereses superará el billón de pesos. Se trata, entonces, de una de las decisiones financieras más importantes para la ciudad en los últimos años y, sin duda, de una apuesta que, bien ejecutada, puede contribuir a mejorar la movilidad y la calidad de vida de miles de ciudadanos.
Hay que decirlo con claridad: toda inversión en infraestructura que ayude a cerrar brechas y resolver problemas históricos merece respaldo; Bucaramanga necesita obras y el desarrollo no puede convertirse en víctima de las disputas políticas.
Pero apoyar las obras no significa renunciar a hacer preguntas; cuando se trata de recursos públicos, preguntar es una obligación ciudadana.
En este sentido, diversos sectores han advertido que, salvo el proyecto del intercambiador de la calle 45 con carrera novena, las demás iniciativas que serían financiadas con este crédito aún no contarían con estudios y diseños en fase III. Si ello es así, la discusión deja de ser política y pasa a ser técnica.
La experiencia del país demuestra que muchas obras terminan costando más de lo previsto porque se inician sin la madurez suficiente; luego vienen ajustes a los diseños, adiciones presupuestales, ampliaciones de plazo y retrasos que terminan afectando a los ciudadanos. En la mayoría de los casos, el problema no es la falta de recursos, sino la improvisación.
Por eso resulta fundamental que la Cámara de Comercio de Bucaramanga, a través de su veeduría ciudadana, junto con la Sociedad Santandereana de Ingenieros, las universidades y otros sectores de la sociedad civil, acompañen y vigilen tanto las etapas precontractuales como la ejecución de las obras; recordemos que el crédito se pagará con los impuestos de todos los bumangueses.
También vale la pena preguntar qué ocurrió con el proyecto de semaforización inteligente, cuyo costo pasó de aproximadamente 53 mil millones de pesos en el año 2025 a más del doble; los ciudadanos tienen derecho a conocer las razones técnicas y financieras de ese incremento equivalente al 118 %.
Ahora el Concejo tendrá una nueva responsabilidad: incorporar estos recursos al presupuesto y aprobar las vigencias futuras excepcionales para los proyectos que superen el actual período de gobierno; allí también se requerirá rigor y responsabilidad.
Confiamos en que el equipo del alcalde Cristian Portilla actúe de cara a la ciudadanía y que los valores cristianos que identifican a este gobierno prevalezcan en cada decisión. Porque no hay peor acto de corrupción que una obra mal hecha.
Bucaramanga necesita infraestructura, pero también planeación; necesita obras, pero bien diseñadas, sin improvisación. Porque en lo público, como en la vida, de la carrera solo queda el cansancio.
