Durante dos décadas, la concesión del peaje La Punta ha sido un tema recurrente de inconformismo en Santander, especialmente para los habitantes de la Mesa de Los Santos.
Durante los 20 años que duró la concesión con Construvicol, según las estimaciones de recaudo, la concesión generó más de 226 mil millones, cifra ampliamente superior a los 57 mil millones inicialmente previstos. Sin embargo, a pesar del generoso recaudo, las obras esperadas no fueron ejecutadas en su totalidad. Este desequilibrio entre recaudo y ejecución de obras ha sido uno de los grandes reclamos que ha encendido el descontento ciudadano, y con toda la razón.
Los reproches radican en las modificaciones de las responsabilidades contractuales: Construvicol pavimentó 8 km, pero los contabilizó como 16 km, faltando aún 4 km por intervenir, además de las condiciones críticas en las que permanecen algunos sectores de la vía, con señalización deficiente, maleza, cunetas tapadas y un ancho de calzada inadecuado que aumenta el riesgo de accidentalidad, y de no tenerse claridad del estado de la Reversión del contrato a la fecha.
Frente a la insatisfacción generalizada, el contrato de Construvicol terminó el 4 de enero de 2025, y desde el día siguiente, la Gobernación de Santander asumió el recaudo.
Posteriormente, desde el 11 de junio, la gestión del recaudo quedó en manos de una unión temporal vinculada directamente con Thomas Greg & Sons de Colombia S.A., empresa involucrada en el “escándalo de los pasaportes” la cual fue contratada por el IDESAN en un proceso ampliamente cuestionado. Pero las inconformidades de la comunidad no han cesado, lo que ha llevado a movilizaciones, reuniones y manifestaciones públicas en el peaje, pues las mejoras viales aún siguen pendientes.
En este punto, la administración enfrenta entonces, varios retos fundamentales: Por un lado, devolver legitimidad al cobro del peaje cumpliendo los compromisos adquiridos con la comunidad y mostrando inversiones palpables en las necesidades más sentidas y establecer mecanismos de participación real para que la comunidad pueda vigilar cada peso recaudado y cada metro intervenido.
El reto para la administración departamental, junto con el IDESAN y el operador, no se limita a garantizar la continuidad del servicio, sino a recuperar la confianza ciudadana, implementando mecanismos claros de rendición de cuentas de cara a la ciudadanía y promover espacios de concertación que permitan ajustar el modelo de operación a las necesidades reales de la región. Conciliar los intereses de la comunidad con la sostenibilidad financiera del peaje requerirá voluntad política, transparencia y una comunicación constante con información pública confiable. Solo así será posible transformar un punto de fricción en una oportunidad para fortalecer la relación entre la institucionalidad y los ciudadanos.
