A Bucaramanga comenzaron a llegar unos buses padrones desde la ciudad de Medellín, con el fin de prestar el servicio público de transporte a Metrolínea. Uno de los contratos de arrendamiento se proyectó por 66 días calendario más 33 días adicionales, que se ejecutaron entre el 21 de febrero y el 30 de mayo de 2026. Un contrato por más de tres mil doscientos veinte millones de pesos que fue pagado a conformidad sin que al día de hoy exista saldo alguno.
Han pasado casi setenta días desde que Metrolínea sacó de operación las rutas que cubrían esos buses y no existe la más mínima posibilidad de prorrogar una vez más ese contrato según el propio manual de contratación de la entidad. Por eso muchos se están preguntando: ¿bajo qué figura están hoy esos buses en Ciudad Norte, si ninguno de los documentos públicos contractuales habla de su restitución al arrendador?
En el contrato no existe una sola disposición expresa sobre el parqueo, custodia, patio o salvaguarda de los vehículos, ni durante la ejecución ni, mucho menos, para la etapa posterior de la terminación. Ese silencio es relevante porque en un contrato de arrendamiento, terminado el plazo el arrendatario debe restituir el bien al arrendador; pero aquí no se conoce ni la iniciativa de Metrolínea para devolverlos ni el interés del dueño por recuperarlos.
El problema se agrava si se tiene en cuenta que el día 3 de julio de 2026 se firmó el contrato de seguros patrimoniales de la entidad, que cubre de forma exclusiva los bienes de Metrolínea, no los ajenos. Por lo tanto, los buses que hoy permanecen en Ciudad Norte solo están cubiertos por sus propias pólizas en el funcionamiento de su labor.
En resumen: los buses arrendados están sin cobertura contractual ni patrimonial, y sin un instrumento público que fije quién responde por su custodia. Ese es un riesgo que debería preocupar al municipio, porque fue este quien financió el contrato con transferencias directas al 100%. Solo pregúntense: ¿Quién responde si esos buses también se incendian?
